Esto es lo que afirmó desde el podio el abogado danés Johan Schlüter, como representante de un importante lobby antipiratería de Dinamarca que aglutina a asociaciones de la industria cinematográfica y musical. La ocasión fue un seminario organizado por la Cámara de Comercio Americana [1] en Estocolmo, el 27 de mayo de 2007. Y la cita continúa así: “Es genial porque los políticos entienden la pornografía infantil. Si jugamos esa carta podemos conseguir que se tomen medidas y empiecen a bloquear sitios web. Y una vez hayan hecho eso, podemos conseguir que empiecen a bloquear sitios que comparten archivos”.

Estas palabras fueron recogidas el pasado mes de abril por Christian Engström, eurodiputado del Partido Pirata sueco, en su blog en la red. Él y otros eurodiputados y eurodiputadas están ahora ocupados en alertar a sus colegas del Parlamento de la Unión Europea para que retiren sus firmas de apoyo a la Declaración 29/2010, presentada el pasado 19 de abril por el Partido Popular europeo a iniciativa de dos de sus miembros, para impulsar la creación de un Sistema de Alerta Rápida Europea (SARE) en contra de los pedófilos y los acosadores sexuales. Algunos de los firmantes descubrieron que la redacción del texto era intencionadamente ambigua y que la iniciativa pretende en realidad vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. La semana pasada, tan sólo faltaban 45 firmas para que la declaración fuese aprobada.

Sobre esta cuestión del sistema de alerta rápida, ya escribí el año pasado un artículo donde la relacionaba con otras cuestiones como la corrupción política-económica y el control de la población. Esta Declaración 29/2010, además, se inscribe en un plan de largo recorrido que ya ha lanzado ofensivas anteriormente. Por ejemplo, la polémica Comisión de Cultura que el gobierno español intentó implementar en diciembre de 2009 sin que los medios de prensa diesen noticia de ello (aprovechando la distracción del período navideño). Incluso más cerca en el tiempo, el pasado mes de marzo, en el Parlamento Europeo ya se intentó aprobar un proyecto que permitiera filtrar la red en toda Europa. Pero lo importante es entender cada una de estas iniciativas no como hechos individuales, sino más bien como múltiples y sucesivas concreciones de un todo: un plan global mundialista que busca la reducción acelerada de derechos civiles, derechos que ya no basta con ningunear: ahora directamente se quieren suprimir.

La globalización, como sabemos, es el eufemismo con el que la economía imperialista de los mercados financieros anglosajones (economía propia de los comerciantes de oro, los industriales de la banca) se ha lanzado a la conquista de las economías del mundo por medio de una implementación masiva de las políticas neoliberales. Si la propiedad privada es el precepto teórico esencial de todo capitalismo (ejecutado por medio del precepto práctico de la deuda), para la economía capitalista financiera el precepto fundamental es la propiedad intelectual.

Primeramente hay que entender el papel que juegan en el proceso de globalización los derechos de propiedad intelectual. No hay globalización sin organismos supranacionales (falsamente denominados como internacionales), principalmente Banco Mundial, FMI y Organización Mundial de Comercio. Y precisamente la OMC echó a andar a mediados de los años noventa poniendo en funcionamiento diversos acuerdos supraconstitucionales y vinculantes, conocidos por sus siglas en inglés, que someten la política económica de las naciones firmantes a ciertas leyes de ámbito internacional que, en la práctica, lo que buscan es liberalizar las economías nacionales para someterlas al mercado de valores internacional (manipulado por los banqueros que emiten el dólar con deuda asociada). Uno de estos acuerdos de la OMC son los Acuerdos sobre Aspectos Comerciales Relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS), desarrollados a lo largo de 1995, y en cuya redacción se dio plena potestad a los intereses de la Unión Europea y los EE. UU. Para decirlo resumidamente, los TRIPS buscan someter las economías del Tercer Mundo actualizando sus legislaciones para poner esta neocolonización en sintonía con las nuevas posibilidades artísticas/tecnológicas (informatización, diseño genético, nanotecnología,...).

Esto, en la práctica, se traduce en un mayor control de unas pocas gigantescas transnacionales sobre amplios sectores de la economía que provee bienes básicos para la subsistencia. Por ejemplo, si hablamos de alimentación, unas pocas multinacionales de la agroindustria intentan controlarla a nivel mundial (Cargill, Syngenta, Du Pont, Pioneer Hi-Bred o, sobre todo, Monsanto). Su interés en los derechos de propiedad intelectual reside en que con ellos, por medio de la ingeniería genética que permite patentar el código de las semillas, se puede sojuzgar a los agricultores y agricultoras de todo el mundo exigiendo que les paguen por el derecho de cultivar. No es casual que la actual crisis financiera viniese precedida por una crisis alimentaria que ha puesto sobre la mesa un problema maliciosamente incubado durante más de dos décadas: muchísimos países han perdido su soberanía alimentaria. En el campo de la sanidad, grandes conglomerados industriales como Aventis, Bayer o Novartis, aprovechan la propiedad intelectual por medio de patentes para imponer sus productos, que no tienen competencia pues otros medicamentos más baratos son criminalizados por las leyes internacionales que la OMC y OMS implementan. Los casos de falsas alertas por pandemia que la OMS declaró a lo largo de esta década, dejan bien a las claras el conflicto de intereses que hay entre iniciativa privada, por una parte, e interés general y derechos humanos, por otra. Incluso sectores mucho más específicos (pero con un volumen de negocio importantísimo a nivel global) son reflejo de esta hiperconcentración de capitales que engendra enormes multinacionales más poderosas que la mayoría de naciones del mundo. Así, por ejemplo, un producto aparentemente tan dulce como el chocolate está manejado en su mayor parte por cuatro grandes compañías que imponen sus precios a nivel mundial (Nestlé, Mars, Philip Morris/ Kraft Jacobs Suchard y Ferrero) y que, a través de complejas “cadenas de mando invisibles”, hacen valer sus intereses incluso doblegando gobiernos (en concertación con “lobbies” de otros sectores económicos), como puede verse en el caso de Costa de Marfil, el mayor productor de cacao, que padece una constante inestabilidad política y social presentada en la prensa internacional como resultado de conflictos interétnicos, pero que en realidad es el trasunto de una lucha entre las burguesías francesa y norteamericana por hacer valer su influencia en la región.

Las grandes empresas de la industria del cine son cada vez más poderosas e influyentes. Las grandes editoras discográficas aumentan sus beneficios año a año. Y ésto lo consiguen gracias a la explotación a la que someten a sectores burgueses subalternos. Todo el mundo sabe que la gran desgracia de un compositor es la editora que se apropia del beneficio de su trabajo por medio de contratos abusivos... no la copia y el intercambio gratuitos de su obra (que en realidad contribuyen a promocionar más eficazmente dicha obra). Todo el mundo sabe que si los multicines tienen que cerrar, no es porque la gente no vaya al cine (esa circunstancia es también una consecuencia y no una causa), sino porque las mayores productoras, que siempre han impuesto sus condiciones abusivas a los exhibidores, ahora prescinden de éstos por haber encontrando mejores medios de difusión para sus productos, y así los multicines quedan obsoletos del mismo modo que las viejas salas de cine habían quedado obsoletas con la llegada de los multicines. Se pueden poner muchos ejemplos como estos; todos vienen a decir lo mismo: la idea de que el común de los mortales, por inconsciencia o por lucro ("piratería"), está provocando la desaparición de ciertas industrias, no es más que una mentira fruto de la propaganda elaborada con sofisticadas, enormes e insistentes campañas de relaciones públicas, como por ejemplo los seminarios que organiza la Cámara de Comercio Americana, una coalición de alimañas como tantas otras.

Que en esos seminarios se afirme que “la pornografía infantil es genial” no debería sorprender a nadie. Nada hay más propio de un burgués que compartir su depravación con otros burgueses igualmente depravados. Así que no hay que dejarse engañar: las ofensivas mundialistas en favor de los derechos de autor, contra los pederastas y pedófilos, por la seguridad en internet, etc., etc., no son más que un caballo de Troya, un engaño para hacer ver que se actúa en cierta dirección cuando en realidad se está legislando para, al final, tener a todos los individuos controlados. Pero como ese control provocaría una toma de conciencia de la ciudadanía si se aplicase repentinamente (por ejemplo, difícilmente se podría implantar hoy día un férreo control de acceso a la red), los cambios deben ser introducidos lentamente, por fases, y siempre bajo el amparo de “causas justas” que actúen como cortina de humo: COMBATIR LOS ABUSOS CONTRA LA INFANCIA, en el caso que nos ocupa. O también DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS AUTORES. O, como ha sucedido recientemente, la DEFENSA DE LA ENSEÑANZA por medio de la aprobación del proyecto de la Ley de Autoridad del Profesor en la comunidad de Madrid, ley que elevará a categoría de autoridad pública a los profesores, tanto de colegios públicos como de colegios privados, aunque los profesores de colegios privados no sean funcionarios. Así que en Madrid ya no es falta agredir a un profesor, ahora es delito. Y, en caso de disputa, las alegaciones del profesor no serán iguales a las del alumno (o las del padre del alumno) sino que estarán siempre por encima. De este modo, y por primera vez en la historia de España (hasta donde mi saber alcanza), es legal que personal del sector privado reciba atributos propios del estado. En el siglo XX, ante la perspectiva de preparar a una nación para el estado de guerra, se militarizaba la sociedad. En el siglo XXI, el principal mecanismo consiste en criminalizarla. Si ya lo teníamos jodido con las fuerzas represoras de toda la vida, no me cabe duda de que, a partir de ahora, poco a poco iremos viendo cómo este sutil e inadvertido precedente legal se expande a otros ámbitos hasta que un día, dentro de no muchos años, tomaremos amargamente conciencia de todo lo que se ha ido construyendo soterradamente para catapultarnos de nuevo hacia la esclavitud.

En ese sentido cabe señalar también la incorporación global de los documentos de identificación electrónicos, que están siguiendo un proceso de implantación paralelo al de los derechos de propiedad intelectual de la OMC o los ajustes estructurales del FMI. También los recientes “deslices” de grandes empresas de la información y su conexión con el poder político pueden ser un fiel indicativo de hacia donde van hoy día las tendencias en la moda del control.

¿Cómo se puede aplicar, en la práctica, una agenda global que implica diversos sectores políticos y profesionales de muchos países distintos? Simplificando, se podría explicar del siguiente modo: quienes dictan la agenda se reúnen en foros de discusión. A veces son foros que oficialmente no existen, como sucedió en su día con la Comisión Trilateral de Rockfeller. En estos foros se proponen iniciativas que son el resultado de análisis y estudios encargados a profesionales de diversas disciplinas (desde las ciencias sociales hasta la industria militar) comprometidos con la agenda de los globalizadores, iniciativas que buscan metas simples y de amplio alcance, pero que se deberán ejecutar por medio de planes muy elaborados que exigen la concertación de infinidad de agentes sociales. Para poder ejecutarlas, esas iniciativas se convierten en políticas de los estados durante las reuniones del tipo G7, G8, G20, etc., donde los personajes llamados "políticos" o "líderes nacionales" son instruidos por sus maestros de marionetas para que empiecen a habilitar leyes y proyectos de infraestructuras que directa o indirectamente, de un modo u otro, sirven para llevar a la práctica la agenda global. En el caso concreto de la Unión Europea, tenemos una institución oficial como la Comisión Europea, que representa los intereses de los globalizadores. Su función es velar por el proyecto de la alta burguesía en Europa, promoviendo iniciativas políticas en favor de la banca y el resto de la gran industria ante el Parlamento Europeo. Este Parlamento es una especie de "corporeización institucional" del pueblo europeo, una versión sofisticada y a la europea de lo que Noam Chomsky define como el rebaño desconcertado.

El interés(es) específico(s) que pueda haber detrás de tanta iniciativa por controlarlo todo, quedará claramente a la vista una vez que empiecen los ataques contra Irán. Toda guerra conlleva un “estado de excepción”. Y una gran guerra sólo puede originar circunstancias muy excepcionales. En un contexto como ese, es claro que un medio de comunicación abierto y sin censura es contraproducente para las castas que se benefician con el conflicto, máxime en una época en que la guerra se disputa, primordialmente, en el terreno de la información. En tal contexto bélico, una internet libre y sin control censor no es posible. Y razones para pensar en un inicio de hostilidades a escala militar [2] contra Irán hay muchas, desde la incorporación de Israel como miembro de facto de la OTAN, hasta los recientes sucesos en el Mediterráneo oriental con los que Israel intentaba anular la credibilidad de Turquía, lo cual tiene que ver con el nuevo equilibrio de fuerzas en Oriente Próximo, que ha llevado a la formación de una coalición Siria- Irán-Turquía.

Durán Vázquez__________